Representantes de diversos gremios empresariales, profesionales y académicos conformaron el Comité Institucional Eléctrico del Estado Carabobo, iniciativa promovida por la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo (AEEC) que busca evaluar el estatus de las plantas termoeléctricas, así como también mantener comunicación con las autoridades de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para conocer oficialmente los avances de recuperación, ejecución de nuevos proyectos e inversión en la generación de energía que se incorporarán al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Nota de Prensa

El comité, integrado por Fedecámaras Carabobo y sus cámaras afiliadas, el Colegio de Ingenieros de Carabobo y la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo, plantea que la entidad retenga al menos el 50% de la energía que generan sus propias plantas para garantizar la continuidad del servicio local.

Durante la rueda de prensa de presentación del Comité, el presidente del Colegio de Ingenieros de Carabobo e integrante de la comisión técnica, Franklin López, estimó que para diciembre la región podría estar generando cerca de 1800 MW.

«Planta Centro tiene actualmente sus cinco unidades principales totalmente paralizadas. La unidad número seis, de fabricación china, se encuentra en proceso de mantenimiento, por lo que probablemente esté operativa entre finales de septiembre y principios de octubre. Esto incorporaría 600 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional», señaló López.

Asimismo, el líder del gremio de ingenieros precisó que las plantas Pedro Camejo y Termocarabobo aportan unos 560 megavatios en conjunto, y explicó que el estado Carabobo requiere aproximadamente 850 megavatios (600 MW solo para Valencia) para funcionar con estabilidad.

Por su parte, el presidente de Fedecámaras Carabobo, Jorge Aroca, celebró la creación del comité y calificó como paradójica la administración de carga que se aplica al estado.

«A medida que se generan más megavatios, resulta contradictorio que Carabobo sea uno de los estados más castigados. Los racionamientos ya no son de cuatro horas, sino de seis y ocho horas diarias promedio «, enfatizó Aroca.

Desde el comité exigieron que el Estado Carabobo no sea sometido a racionamientos superiores a 3 horas, «especialmente cuando nuestras Termoeléctrica generan más de 500 MV y pronto se irán sumando 600 MV más hasta llegar a 1.800 MV, es decir, no hay justificación alguna para que en vez de disminuir las horas se esté aumentado en muchos sectores a más de 8 horas diarias», expresó Aroca.

Frente a esta coyuntura y ante las proyecciones del fenómeno El Niño, los voceros propusieron la reincorporación de barcazas de generación flotante. Aroca recordó que «en el año 2011 el Estado venezolano adquirió dos barcazas de 75 megavatios cada una, aportando 150 megavatios que se incorporaban directamente al SEN y aliviaban la demanda».

Solicitudes al Ejecutivo Nacional y Regional

Los integrantes del comité solicitaron formalmente una reunión con autoridades de Corpoelec y del Ministerio para la Energía Eléctrica con el fin de coordinar soluciones conjuntas y conocer el cronograma oficial de administración de carga.

Entre las propuestas presentadas por las distintas cámaras destacan:

– Exoneración de impuestos para la importación equipos de generación de energía como: plantas eléctricas, inversores paneles solares y sus accesorios.

– Financiamiento bancario para la adquisición de equipos de autogeneración por debajo del 16% de interés, el promedio de la región es 4%.

– Incentivos y rebajas en tributos municipales para pequeños y medianos comerciantes, por lo menos 20%.

– Publicación previa de un cronograma de cortes eléctricos que permita la planificación del sector industrial, comercial, salud, gastronómico, logístico y educativo, tomando en cuenta la cercanía al inicio del año escolar.

Finalmente, los integrantes del Comité resaltaron que el servicio que no se recibe de Corpoelec, supera con creces las tarifas eléctricas, por lo que destacaron que la región no busca privilegios, sino condiciones operativas mínimas para preservar los puestos de trabajo y proteger el aparato productivo de la región.

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