«No podemos seguir como que si aquí en Venezuela no está pasando nada» bajo esta premisa Concejal sandiegano fijó posición en materia eléctrica nacional. Exigimos la suspensión del cobro de las tarifas de electricidad
Nota de Prensa
El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ejidos, Ambiente y Servicios Públicos del Concejo Municipal de San Diego, Concejal Luis Cuicar, aseguró que la crisis eléctrica en el país continúa agravándose y afecta de manera cada vez más severa a los venezolanos, especialmente a los habitantes del municipio San Diego.
«La situación de racionamiento eléctrico, lejos de mejorar, escala cada día y genera mayores perjuicios para los venezolanos y, en particular, para nuestros vecinos sandieganos», así lo afirmó el edil, enfatizando que ya corriendo el mes de agosto «lo único que ha cambiado es que han duplicado las horas de racionamiento».
Ante este panorama, Cuicar exigió al Gobierno nacional la suspensión temporal del cobro del servicio eléctrico, al considerar que resulta «irrisorio exigir el pago de una tarifa por un servicio que presenta tantas deficiencias, especialmente cuando el propio ejecutivo ha anunciado un incremento de los racionamientos».
El Concejal recordó además la propuesta formulada en semanas anteriores por el Alcalde del Municipio San Diego, León Jurado, quien planteó, durante una entrevista radial, la instalación de una mesa de trabajo con Corpoelec para revisar y sincerar las tarifas del servicio eléctrico, así como esclarecer los criterios utilizados para su facturación.
En ese sentido, Cuicar expresó su respaldo a la iniciativa del mandatario municipal e instó al gobierno nacional a avanzar en una solución inmediata y viable que contemple la suspensión temporal del cobro del servicio eléctrico hasta que se garantice la estabilidad y continuidad del suministro.
«Reconocemos el trabajo que con las uñas hace Corpoelec y que en equipo hemos logrado dar soluciones puntuales a nuestros vecinos» expresó el Concejal, quien demandó la «imperiosa necesidad» de que las autoridades publiquen un cronograma oficial de racionamiento, con el propósito de que empresas, comerciantes y familias puedan planificar sus actividades y reducir el impacto de las interrupciones del servicio, aunque este planteamiento está muy lejos de ser la solución que los venezolanos exigen.
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